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Gobierno de Extremadura

El DOE publica la orden de cierre del ejercicio económico de 2019 en un compromiso con la estabilidad presupuestaria

08:58 Viernes 27 Sep de 2019 Hacienda y Administración Pública Hacienda y Presupuestos

El Diario Oficial de Extremadura publica este viernes la orden por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2019 y la apertura del ejercicio de 2020 con el objetivo de que se regulen las operaciones sobre gestión financiera y contabilidad pública a fin de facilitar la coordinación de los trabajos y la incorporación en el presupuesto de 2020 del cambio orgánico producido mediante el decreto del presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, número y competencias de las consejerías que conforman la Administración regional.

El cierre previsto, que establece como fecha límite de entrada de documentos contables el 4 de octubre, tiene como objetivo la contención de los gastos en aquellas cuestiones que no sean prioritarias para el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y, al mismo tiempo, limitar su efecto con el déficit autonómico.

Esta decisión se toma tras un análisis pormenorizado de todas las áreas de la Administración, de forma que se eviten efectos perjudiciales sobre alguna partida sensible a las necesidades prioritarias de los extremeños, y afecta a la Administración General y a los organismos autónomos y entes públicos de la Comunidad extremeña.

Quedan, por tanto, excluidos de la orden de cierre presupuestario las partidas que se refieren a endeudamiento, gastos de personal, expedientes de contratación ya iniciados, los que estén ligados al cumplimiento de plazos impuestos por la normativa europea y, en general, los que afecten a servicios públicos fundamentales, como es el caso de la dependencia, la discapacidad, las prestaciones sociales o sanitarias o las ayudas al empleo.

Una medida que se enmarca en el compromiso del Ejecutivo regional con la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento de los objetivos marcados por el Estado, indicadores que, según ha reclamado la Junta de Extremadura, deberían repartirse de forma equitativa entre las comunidades autónomas.