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Gobierno de Extremadura

El Consejo de Gobierno autoriza la licitación para transformar en regadío 1.200 hectáreas en Monterrubio de la Serena

El Ejecutivo acuerda destinar 11 millones de euros a la contratación de personas con discapacidad

14:15 Martes 12 Nov de 2019 Portavocía Agricultura y ganadería

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El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la contratación de las obras de transformación en regadío de 1.200 hectáreas, mediante el empleo de recursos locales, en la zona regable singular de Monterrubio de la Serena,  con un presupuesto de 17.783.854,15 euros.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, quien ha afirmado que con esta licitación “se hace realidad el sueño de una comarca entera”.

Según los datos que aportado la consejera, el plazo para las obras será de 18 meses, y el objetivo de estos trabajos afectarán a 717 parcelas de 311 agricultores de la zona de Monterrubio de la Serena.

García Bernal ha valorado la importancia de carácter de “regadío público” que va a tener este proyecto en el que la Junta de Extremadura actúa como promotora con una participación económica que supone el 75 por ciento del presupuesto (13.337.890,61 euros), mientras que la Comunidad de Regantes aportará el otro 25 por ciento (4.445.963,54 euros).

La responsable del área de Agricultura ha reiterado que su departamento hace política “en el Consejo de Gobierno y en el Diario Oficial de Extremadura” como medio para mejorar la vida de los extremeños y las extremeñas.

Además, Begoña García ha señalado que el proyecto de Monterrubio de la Serena se basa sobre dos ejes, el primero de cuales es el relacionado con el cambio climático, aspecto sobre el que ha dicho que “pese a la cegada posición de los negacionistas, sabemos que una política de regadíos como la que ejecutamos desde la Junta de Extremadura contribuye a alinearnos con la eficiencia y aprovechar los recursos hídricos que tenemos”

El otro eje, ha añadido, es la estrecha relación del proyecto con el reto demográfico. En este sentido, ha aclarado que la comarca de Monterrubio  sufre una cierta regresión demográfica debido al bajo índice de rentabilidad de las explotaciones en secano y a la escasa mano de obra que éstas demandan.

Por ello, ha señalado, “donde hay problemas demográficos tiene que haber respuestas contundentes y para esta comarca la respuesta es tramitar estos regadíos como públicos”.

En este sentido, ha insistido en que la puesta en regadío implica una de las medidas de desarrollo rural de más fuerte impacto territorial, afectando claramente a las expectativas de la población en un plazo inmediato y generar otras expectativas económicas de futuro.

La consejera de Agricultura ha concluido que el proyecto no solo supone la transformación en regadío de 1.200 hectáreas sino también “transformar una comarca gracias a un proyecto viable en todos los puntos de vista, social, económico, medioambiental y agraria que devuelve la ilusión a los agricultores y agricultoras de la zona”.

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Por otra parte, en la reunión del Consejo de Gobierno se ha autorizado la convocatoria de subvenciones públicas para el fomento del empleo de personas con discapacidad en centros especiales, para el ejercicio 2019-2020, con una dotación económica de 11 millones de euros, según ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña.

La consejera ha valorado la importancia de esta medida y especialmente del incremento que se ha producido en la dotación económica, debido al incremento de la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional en un 22 por ciento.

De acuerdo con lo establecido en la convocatoria, de los 11 millones de euros presupuestados, 1.200.000 se destinarán a la creación de puestos de trabajo a tiempo completo, según ha aclarado la portavoz del Ejecutivo, mientras que otros 9.800.000 euros tendrán como finalidad el mantenimiento del empleo en los centros especiales.

Como dato relevante, Gil Rosiña ha destacado el hecho de que la dotación de etas ayudas se haya duplicado desde el año 2015 hasta hoy, pasando de 5,6 millones de euros a los 11 actuales.

Asimismo, ha subrayado que el número de centros especiales de empleo se ha elevado de 145 a los 180 actuales en lo que ha definido como una “apuesta decidida” por el acompañamiento a las personas con discapacidad para facilitar su entrada en el mercado de trabajo.

También el ámbito de la Consejería de Educación y Empleo, el Ejecutivo ha autorizado la convocatoria de subvenciones destinadas a la prórroga de la contratación de agentes de empleo y desarrollo local, correspondiente al período 2019-2020, con un presupuesto de 2.275.000 euros.

Se trata, ha explicado Gil Rosiña, de 98 entidades beneficiarias entre ayuntamientos, mancomunidades de municipios y diputaciones provinciales en las que desarrollan su labor un total de 133 agentes de empleo y desarrollo local.

Estos agentes desempeñan una labor destacada en la promoción e implantación de las políticas activas relacionadas con la creación de empleo y la actividad empresarial, ha añadido la portavoz.

EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA

Además, el Ejecutivo ha aprobado un decreto por el que se regulan las empresas de intermediación turística y los servicios de viaje vinculados en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La consejera de Igualdad y Portavocía ha añadido que mediante la aprobación de este decreto se pretende abordar el desarrollo de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del turismo de Extremadura, regulando en una misma norma a todas las empresas de intermediación turística (agencias de viajes, centrales de reservas y organizadores profesionales de congresos), con el fin de dotar a este sector de seguridad jurídica, además de facilitar el ejercicio de la actividad por parte de las empresas turísticas adaptándolas a la normativa básica estatal.

Gil Rosiña ha señalado que Extremadura es la primera Comunidad Autónomas que regula este sector y que en la elaboración del decreto han intervenido tanto la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes como la de Sanidad y Servicios Sociales, que ostenta las competencias relativas a los derechos de los consumidores.


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