Logo

Gobierno de Extremadura

Consejería de Hacienda y Administración Pública

   Secretaría General de Administración Pública

Servicio de Inspección y Seguimiento de la Calidad

El Servicio de Inspección y Seguimiento de la Calidad, dependiente de la Secretaría General de Administración Pública, es la unidad administrativa que integra la Inspección General de Servicios de la Junta de Extremadura, y que, desde los principios de legalidad, eficacia, transversalidad y planificación, pretende ser un agente “facilitador” de las políticas y  procesos de modernización de los servicios; una referencia de criterio  en la búsqueda permanente de la mejora, y contribuir a impulsar la actividad de la organización hacia la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una clara orientación a los resultados y a la evaluación de los mismos.

La Inspección General de Servicios actúa con absoluta independencia, así como autonomía de criterio y juicio técnico, respecto de las autoridades, de los órganos y personas titulares de las unidades cuya gestión se compruebe, evalúe o investigue.

En particular, le corresponde, entre otras,  las siguientes funciones:

  1. El impulso y coordinación de planes, proyectos e iniciativas para la mejora de la calidad en la prestación de los servicios públicos en la Administración autonómica.
  2. La inspección y asesoramiento en materia de organización administrativa, gestión, procedimiento y régimen jurídico, la inspección y control del cumplimiento por parte del personal de sus obligaciones laborales y profesionales, así como cualesquiera otros aspectos referentes al régimen interior y a la dignidad del servicio público.
  3. La evaluación del impacto de las políticas públicas aplicando los resultados obtenidos a la toma de decisiones.
  4. La promoción y coordinación de las actuaciones de la Administración de la Comunidad autónoma de Extremadura en materia de racionalización, simplificación y normalización de los procedimientos administrativos, así como la reducción de cargas administrativas.
  5. La gestión del Registro de Conflictos de Intereses.

MARCO NORMATIVO

  • Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura  (artículo 39).
  • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
  • Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del Estatuto de los Cargos Públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
  • Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
  • Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
  • Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.
  • Ley 53/1984, de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.
  • Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes.
  • Decreto 149/2013, de 6 de agosto, regula la jornada y horarios de trabajo, los permisos y las vacaciones del personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
  • Decreto 206/2010, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Junta de Extremadura.
  • Decreto 3/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del Estatuto de los Cargos Públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
  • Decreto 225/2014, de 14 de octubre, de régimen jurídico de administración electrónica de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

PROYECTOS DE INTERÉS:

  • Desarrollo e impulso de políticas, procesos y actuaciones transversales a través del Plan Anual de Actuaciones.
  • Impulso de medidas de protección de los derechos de la ciudadanía y mejora de la calidad de los servicios (conformación del “Catálogo de Derechos de los Ciudadanos” e implementación de Cartas de Servicios).
  • Intervención en la política de organización y funcionamiento de los servicios (análisis de procedimientos administrativos, análisis de recursos humanos, técnicos y materiales, supervisión y control de procesos complejos.
  • Apoyo en la modernización digital: formalización y normalización de la operativa digital y identificación de necesidades derivadas de la transformación digital.
  • Apoyo al fomento de la transparencia y participación ciudadana.
  • Gestión de instrumentos de “Buen Gobierno”: Registro de Conflictos de Intereses, Código ético y de Conducta de los cargos públicos, apoyo a la formación, entre otros.