Extremadura califica de "inaudito" que la ministra Sira Rego impida la votación sobre el reparto de menores migrantes ante una previsible derrota

La Junta de Extremadura ha expresado su desacuerdo con la decisión del Ministerio de Infancia y Juventud de no permitir que las comunidades autónomas votaran en la Conferencia Sectorial Extraordinaria de Infancia y Adolescencia, celebrada esta tarde en Madrid, sobre el mecanismo de reparto de menores migrantes no acompañados. Durante la sesión, se ha vivido una situación inaudita, ya que la ministra Sira Rego impidió la votación del principal punto del orden del día, precisamente el que hacía referencia al reparto de menores. Además, la convocatoria de la conferencia sectorial extraordinaria no se ajustó al reglamento, lo que, a juicio de la Junta de Extremadura, compromete la validez del procedimiento seguido por el Ministerio. En su intervención, la consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara Gª Espada, ha mostrado su solidaridad con Canarias ¿región especialmente afectada por la llegada de menores¿, pero ha lamentado que el Ejecutivo estatal, ante su incapacidad de resolver la situación, pretenda "disolver" el problema entre las comunidades autónomas, sin ofrecer una solución estructural. Extremadura ha denunciado que las comunicaciones sobre criterios y cifras de reparto han llegado por vías oficiosas antes que por cauces formales, lo que evidencia, según la Junta, una grave falta de rigor y lealtad institucional. La consejera ha subrayado que Extremadura siempre ha actuado con responsabilidad, aceptando planes de respuesta incluso por encima de sus capacidades, pero ha exigido reciprocidad y respeto en la gestión. Asimismo, ha anunciado la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley 2/2025, que establece el reparto forzoso de menores, por invadir competencias autonómicas y vulnerar los principios de autonomía y lealtad entre administraciones. Finalmente, Extremadura ha reiterado su disposición a colaborar desde la solidaridad, pero ha reclamado una solución que tenga como único objetivo el interés superior del menor, y no la búsqueda de rédito político o de apoyos parlamentarios. La Junta ha instado al Gobierno a utilizar todos los mecanismos disponibles, tanto a nivel nacional como europeo, para afrontar una situación que ya es estructural.