Manzano defiende el Decreto Ley de Función Pública con medidas que mejoran las condiciones laborales de los empleados y ponen fin a desigualdades

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha intervenido este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, para defender el Decreto Ley de medidas en materia de Función Pública que aprobó el Consejo de Gobierno el pasado 24 de junio y que tiene que ser convalidado en la Cámara regional. Manzano ha agradecido a labor de los empleados públicos de la región y ha indicado que "ante un Estado inexistente, que renuncia a su Hacienda y a garantizar la suficiencia financiera de los distintos niveles de gobierno de nuestro país", los empleados públicos "atienden a los ciudadanos, prestan asistencia sanitaria, educan a nuestros hijos y ayudan a desarrollar proyectos empresariales". En este sentido la consejera ha destacado que "el respeto se demuestra no con palabras sino con hechos" y que este decreto busca mejorar las condiciones en las que los empleados públicos desarrollan su trabajo por ello ha enumerado todo lo que el Ejecutivo regional ha hecho en estos dos años de gobierno por los empleados públicos de la región. Así, ha recordado el pago en 2023 de la subida salarial de 0,5 por ciento, así como el abono del nivel III de la carrera profesional; el pago en 2024 del nivel IV de la carrera profesional y los incrementos salariales del 0,5 por ciento y 2 por ciento; y en 2025 el pago del 0,5 por ciento y de la "deuda histórica" del 2 por ciento de 2020 que dejó pendiente el anterior gobierno "siendo Extremadura la única Comunidad Autónoma que no lo había pagado". "Además hemos actualizado el Decreto de Indemnizaciones, que hacía 18 años que no se hacía, y ahora pagamos el kilometraje a 0,26 euros, pagamos el desplazamiento dentro del mismo término municipal y cubrimos el cien por cien de los desplazamientos por formación", ha explicado. También se ha aprobado un nuevo Decreto de Teletrabajo "promoviendo la conciliación de la vida personal y laboral", con una convocatoria abierta todo el año y con la introducción en la baremación para su concesión de cuestiones tan importantes como le grado de discapacidad o dependencia. Asimismo, tal y como anunció la presidenta María Guardiola, se convocará un nuevo concurso de traslados de puestos singularizados antes de que termine el año 2025 "que llevaba 15 años sin convocarse". "Y seguimos avanzando a pesar de que las medidas que contiene el Decreto Ley fueron paradas por irresponsabilidad de los grupos de la oposición", ha señalado. TRES MEDIDAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES El Decreto ley cuenta con tres medidas concretas que modifican la Ley de Función Pública. Con la primera se amplía un año más la contratación de los empleados públicos en los programas de carácter temporal, "una medida que ya ha sido acometida en otras Comunidades Autónomas". "Hasta el momento tenían una duración máxima de tres años y a partir de ahora van a ser ampliables doce meses más cuando se justifique", ha indicado Manzano. Se trata de 198 empleados públicos entre los que se encuentran 27 en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible; 16 en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural; ocho en la Consejería de Hacienda y Administración Pública; uno en la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional; 80 en la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital; tres en la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda; cinco en la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social; 38 en la Consejería de Salud y Servicios Sociales; y 20 en la Presidencia de la Junta. La segunda medida busca corregir una desigualdad que padecían los funcionarios interinos. Hasta ahora, no podían disfrutar del permiso por asuntos propios, que es un permiso de entre 10 días y 3 meses sin retribución, y que no se puede confundir con los días de asuntos particulares. Con esta modificación, los interinos podrán solicitarlo, al igual que el resto de los funcionarios. Y una tercera medida establece la realización de un examen de salud a los empleados que deseen seguir trabajando tras cumplir su edad de jubilación. La iniciativa, que busca garantizar su capacidad funcional para seguir ejerciendo, responde a una petición del servicio de prevención de riesgos laborales. "Estamos trabajando de la mano de los agentes sociales para corregir las desigualdades. Nuestro gobierno actúa y paga. Los empleados públicos van de la mano con el gobierno regional para que Extremadura siga creciendo", ha concluido.