Extremadura se suma a la Declaración de Sevilla para reivindicar el valor del turismo como gran industria nacional

Extremadura se ha sumado a la Declaración de Sevilla, un acuerdo firmado junto a otras doce comunidades autónomas y una ciudad autónoma para reivindicar el valor del turismo como gran industria nacional y reclamar al Gobierno de España un nuevo marco de colaboración y gestión basado en la cohesión territorial. Las comunidades firmantes -Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Melilla y Región de Murcia- representan un pilar fundamental del principal motor económico del país. En conjunto, concentran alrededor del 70 % del turismo nacional, acogen al 75 % de los turistas internacionales y al 70 % de los turistas nacionales, y suman el 74 % de los viajeros y el 73 % de las pernoctaciones hoteleras de España. La declaración expresa la preocupación de las comunidades por la política sectorial del Gobierno de España y denuncia la ruptura de la lealtad institucional, evidenciada por la ausencia de convocatoria de la Conferencia Sectorial de Turismo desde diciembre de 2023, así como la falta de liderazgo y coordinación en decisiones clave que afectan directamente a los destinos turísticos. El texto defiende que el turismo es el principal motor económico y generador de empleo, y rechaza los discursos que lo responsabilizan de problemas estructurales del país. Según recoge la declaración, "el sector turístico no es la causa de los problemas del país, sino parte de la solución para la vertebración social y económica". Las comunidades también sostienen que la crisis de acceso a la vivienda es un problema estructural ajeno al turismo y provocado por el fracaso de la Ley Estatal de Vivienda. Defienden que las viviendas de uso turístico, cuando están bien reguladas por la autoridad autonómica competente, contribuyen a la revitalización de los centros urbanos y complementan la oferta alojativa. El documento reclama además el respeto a las competencias autonómicas en materia de ordenación turística y territorial, y exige la revisión inmediata del Real Decreto 1312/2024 sobre el Registro Único, por duplicar funciones, invadir competencias y generar cargas burocráticas y económicas indebidas para la oferta legal. Las comunidades firmantes rechazan también la visión mercantilista del Gobierno en la gestión de los aeropuertos regionales y proponen una gestión conjunta con las comunidades autónomas, orientada a la defensa de los intereses territoriales y a la integración de la red aérea y ferroviaria para reforzar la cohesión y la competitividad. Finalmente, las comunidades y la ciudad autónoma firmantes se comprometen a facilitar el diálogo y la colaboración en la gestión del crecimiento y la gobernanza multinivel, y exigen al Gobierno de España el restablecimiento de los foros de cooperación y debate que permitan consolidar el liderazgo turístico de España y el desarrollo sostenible de los destinos turísticos.