La Mesa General de Negociación aprueba aplicar el 120% de la tasa de reposición para los sectores prioritarios y del 110% para los no prioritarios en la Oferta Pública de Empleo de 2022

La Mesa General de Negociación de la Administración ha aprobado este martes la aplicación del 120% de tasas de reposición para los sectores prioritarios y del 110% para los no prioritarios como criterios generales en la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2022, el máximo permitido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio. La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, quien preside la Mesa General, ha destacado que el Ejecutivo regional ha establecido el máximo permitido de la reposición a la oferta pública de los tres ámbitos, Administración General, Servicio Extremeño de Salud (SES) y docentes, y que se suma a los procesos en curso de estabilización del empleo público. Blanco-Morales ha remarcado que, aunque no supone la supresión de las tasas de reposición, que Extremadura siempre ha reclamado, sí que amplía el margen de actuación de la composición de la oferta pública, un margen que el Ejecutivo autonómico ha utilizado, y que supone un incremento del 10% respecto a la OPE de 2021. La aplicación de estos criterios se determinará en cada una de las mesas sectoriales, en las que se cuantificarán y negociarán las plazas que compondrán las respectivas ofertas de empleo. Cabe señalar que, a efectos de tasa de reposición, se consideran sectores prioritarios las Administraciones Públicas con competencias educativas y sanitarias, así como aquellas destinadas al control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social y el control de la asignación eficiente de recursos públicos. Asimismo, también se contemplan como prioritarias las de asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos, el personal de los servicios de prevención y extinción de incendios, los que prestan asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales, los que realizan la gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo, las plazas de seguridad y emergencia, las de atención a los ciudadanos en los servicios públicos y las del área de las tecnologías de la información y las comunicaciones.