Ramírez reivindica más vivienda, mejores infraestructuras y una financiación justa para garantizar oportunidades en Extremadura

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha defendido este miércoles en Madrid que la igualdad de oportunidades entre territorios pasa por aumentar la oferta de vivienda, mejorar las conexiones estratégicas y garantizar una financiación ajustada a las necesidades reales de las comunidades autónomas. Lo ha hecho durante su participación en el Foro ABC Territorio Futuro, un espacio de reflexión sobre los retos de las infraestructuras, la movilidad, el urbanismo y la vivienda en el desarrollo de los territorios. Ramírez ha subrayado que hablar de infraestructuras es hablar de oportunidades, cohesión territorial y futuro, especialmente en una comunidad como Extremadura, donde las inversiones en movilidad, transporte y vivienda desempeñan un papel esencial para fijar población y combatir la despoblación. En este sentido, ha reclamado una mayor implicación del Gobierno de España en las infraestructuras estratégicas que la región sigue necesitando y ha lamentado la falta de respuesta a demandas históricas vinculadas al ferrocarril, las grandes conexiones viarias o la planificación aeroportuaria. El consejero ha advertido de que la cohesión territorial no puede quedarse en los discursos y debe reflejarse en las decisiones presupuestarias. Ha recordado que Extremadura continúa recibiendo inversiones muy alejadas de las que se destinan a otros territorios, pese a las necesidades de conectividad y desarrollo que mantiene la comunidad autónoma. LA VIVIENDA, PRINCIPAL PROBLEMA Una parte destacada de su intervención ha estado centrada en la vivienda, que Ramírez ha señalado como uno de los principales problemas que afrontan actualmente jóvenes y familias en España. Ha defendido que la solución pasa necesariamente por aumentar la oferta disponible, movilizar suelo, impulsar la rehabilitación y reducir la burocracia administrativa. En este punto, el consejero ha sido especialmente crítico con la política estatal de vivienda y con los decretos que el Gobierno de España ha aprobado. Ha asegurado que la regulación planteada simplifica un problema complejo y que las medidas anunciadas provocarán justamente lo contrario de lo que pretenden. Ramírez ha explicado que los decretos demonizan al propietario, generan inseguridad jurídica y pueden provocar que muchos retiren sus viviendas del mercado, reduciendo la oferta y encareciendo tanto el alquiler como la compraventa. Ha recordado que los precios de la vivienda se han disparado más de un 20 por ciento en los últimos años y que el coste del alquiler ya supera el 30 por ciento del salario de muchos ciudadanos. Asimismo, ha criticado que el Gobierno imponga a las comunidades autónomas obligaciones que no van acompañadas de financiación suficiente. "Es el modelo Pedro Sánchez: yo invito, pero tú pagas", ha señalado. Los decretos obligan a las autonomías a subrogarse en la posición del arrendatario en procesos de desahucio, asumiendo el pago de rentas, suministros y obligaciones si no disponen de vivienda pública para ofrecer una alternativa habitacional en dos meses. "Una imposición unilateral que ignora que la competencia en vivienda es autonómica", ha añadido. LA ESTRATEGIA EXTREMEÑA Frente a este modelo, Ramírez ha reivindicado la estrategia que desarrolla la Junta de Extremadura para facilitar el acceso a la vivienda. Ha recordado que la comunidad trabaja en un ambicioso Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo 2026 2030, dotado con 951 millones de euros, que incluye ayudas a la adquisición, rehabilitación, construcción y alquiler, además del Aval Joven. Ha destacado también el Plan Habita Extremadura, con el que se pretende impulsar la construcción de 3.500 viviendas protegidas destinadas a la adquisición por parte de los adjudicatarios, así como el aumento del parque público de vivienda. A ello se suman medidas fiscales -como la bajada de tipos en transmisiones patrimoniales- y la aprobación de un decreto de simplificación administrativa para promover más vivienda protegida. "El principal problema de la vivienda en España es la falta de oferta. Si ponemos encima de la mesa medidas que contraen la oferta, encarecemos los precios. Nosotros apostamos por lo contrario: más vivienda, más suelo, menos trabas y más seguridad jurídica", ha afirmado.