El Consejo de Gobierno refuerza la formación, la educación y la atención social con nuevas inversiones en Extremadura

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha acordado, en su reunión de este martes, destinar una inversión de 3,1 millones de euros con el objetivo de mejorar la empleabilidad de más de 30.500 extremeños mediante la adquisición de competencias digitales, una iniciativa de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX) a través del programa Espacios Digitalex. Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, quien ha añadido que "se trata de una red de capacitación digital presente en más de 200 municipios, que ofrece formación y asesoramiento tecnológico a trabajadores, desempleados, empresarios y emprendedores". Manzano ha subrayado que el objetivo es que todas esas personas accedan a nuevas oportunidades laborales en un mundo cada vez más digitalizado, una medida que refleja la apuesta de la Junta de Extremadura "por la digitalización como una herramienta fundamental para reducir la brecha digital". Además, la portavoz ha agregado que para este año se pretende reforzar los contenidos que responden de manera más directa a las nuevas demandas laborales, como la formación específica en inteligencia artificial aplicada al empleo, al tiempo que se incorporará un nuevo equipamiento tecnológico "para garantizar que los centros ofrezcan una formación de calidad y actualizada". También dentro del ámbito de la formación, el Consejo de Gobierno ha autorizado la suscripción de un convenio con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para mantener la actividad en los centros de referencia nacional Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura, situada en Mérida, y Centro Nacional de Formación Ocupacional, con sede en Don Benito. "Este acuerdo refuerza -ha dicho- nuestra apuesta por la formación profesional vinculada a sectores estratégicos, como el turismo rural y la agricultura", ámbitos que Elena Manzano ha calificado como "esenciales para el desarrollo económico y para fijar de población en el territorio". Los centros de referencia nacional, ha aclarado, actúan como espacios de formación adaptados a las necesidades reales del mercado laboral en los que los alumnos obtienen una cualificación especializada y dirigida a sectores con alta demanda. Sin dejar el ámbito educativo, la consejera ha informado de la aprobación de los programas de refuerzo en lectura y matemáticas EDUCAMATEX y EDUCALECTURA, por primera vez en centros concertados, que contarán con una dotación de casi 1,2 millones de euros. Esa financiación permitirá, ha avanzado, la contratación de personal docente que apoye a todos los alumnos en estas dos materias claves. En concreto, ha precisado, serán 57 los centros concertados que disfrutarán de estos programas: EDUCAMATEX se desarrollará en 42 centros y EDUCALECTURA en 15. En este sentido, la portavoz ha anunciado también que esta misma mañana se ha publicado la instrucción por la que se destinan seis millones de euros para estos programas de refuerzo de lengua y matemáticas en los centros educativos públicos. Estos programas llegarán el próximo curso a 300 centros frente a los 225 del curso pasado y los 130 con los que arrancó el programa, ha añadido la portavoz del Gobierno extremeño. FONDOS PARA TRATAR PROBLEMAS CON LAS ADICCIONES En materia sanitaria, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de las ayudas destinadas a organizaciones que atienden a personas con problemas de adicciones, con un presupuesto de 578.000 euros y que, por primera vez, permitirá financiar el 100 por 100 de algunos proyectos. Elena Manzano ha explicado además los cambios que se han introducido en esta nueva convocatoria "para mejorar la financiación y garantizar la estabilidad de las entidades del tercer sector, que realizan una labor social crucial". La principal novedad -ha enfatizado- es que los programas que reciban la puntuación máxima serán financiados al 100 por 100, cuando hasta ahora solo se cubrían al 80 por ciento. Con esta medida, ha dicho, "queremos reconocer y reforzar su labor, y evitar que tengan que buscar financiación alternativa para sacar adelante los proyectos". Por otro lado, el resto de las iniciativas que obtengan la valoración mínima exigida recibirán el 90 por ciento de la financiación, cuando hasta ahora no superaba el 50 por ciento. SERVICIO DE RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Además, también dentro del ámbito sanitario, la Junta de Extremadura va a destinar más de 5,4 millones de euros para garantizar la atención residencial de personas con discapacidad, según ha avanzado la portavoz del Ejecutivo. En concreto, se ha autorizado la adjudicación directa de dos conciertos sociales para prestar este servicio, tanto en la modalidad de apoyo extenso como en la de apoyo intermitente. En el caso del recurso de apoyo extenso o generalizado, el presupuesto es de 4,4 millones de euros, ha aclarado, y se trata de plazas residenciales para personas con mayor grado de dependencia, "que requieren atención integral y cuidados continuados durante las 24 horas del día", ha indicado. Por otro lado, el concierto para ofrecer plazas residenciales de apoyo intermitente o limitado a personas con discapacidad está dotado con casi un millón de euros. "Se trata de usuarios con cierto grado de autonomía, pero que necesitan apoyo para desenvolverse en su vida diaria", ha puntualizado Elena Manzano. TRÁMITE PREVIO A LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS Fuera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión, la portavoz ha dado a conocer la decisión del Consejo de Gobierno de iniciar los trámites para recurrir el nuevo Plan Estatal de Vivienda impulsado por el Gobierno de España. Manzano ha justificado este paso del Ejecutivo regional en que el plan estatal "invade competencias exclusivas de nuestra Comunidad y porque impone a las regiones unas condiciones económicas y de gestión con las que no estamos de acuerdo". En este sentido, ha alegado que "Extremadura tiene competencia exclusiva en materia de vivienda y no vamos a aceptar que se nos impongan decisiones que corresponden a nuestra comunidad autónoma". En cuanto a las razones de carácter económico, ha aducido que "el reparto económico es claramente desequilibrado", ya que "el Gobierno de España exige a las comunidades un esfuerzo financiero muy superior al que asume el mismo". En concreto, el Ejecutivo Central "incrementa su financiación en 2,9 veces y obliga a Extremadura a multiplicar por siete su aportación", ha señalado la portavoz del Gobierno extremeño. Esto significaría que, de los 210 millones de euros consignados para Extremadura, la Comunidad Autónoma debería aportar 84 millones. La decisión del Consejo de Gobierno se ha traducido en formular los requerimientos previos a la interposición de dos recursos: uno ante el Tribunal Constitucional y otro ante la jurisdicción contencioso-administrativa. "La Junta recurre porque considera que el Estado invade competencias autonómicas y obliga a Extremadura a asumir un esfuerzo económico desproporcionado", ha concluido Elena Manzano.