La Junta asegura que ninguna de las 138 plazas de bombero forestal se perderá con el sistema de amortización que propone

La Junta de Extremadura asegura que el sistema que propone para que 138 bomberos forestales conductores, ahora contratados 6 meses al año, pasen a estarlo al 100% es el único que garantiza que ninguna de esas plazas se perderá. Por el contrario, la vía de transformar esas plazas implicaría a corto plazo la pérdida de muchas de ellas, en base a la legislación laboral vigente, según los informes realizados por los servicios jurídicos de las consejerías de Hacienda y Administración Pública, y Gestión Forestal y Mundo Rural. Sus dos titulares, Elena Manzano y Francisco Ramírez, respectivamente, estuvieron reunidos con los sindicatos UGT, Comisiones Obreras, CSIF, USO y SGTEX el pasado miércoles. La actual legislación en materia laboral permite dos formas de alcanzar el objetivo de que esas 138 plazas pasen del 50% al 100% y así el Plan Infoex disponga por primera vez en su historia de la misma plantilla para extinción que para prevención. La vía que defiende la Junta de Extremadura es la de amortizar las 138 actuales plazas al 50% y simultáneamente crear 138 al 100%. Las actuales se amortizarían el 30 de noviembre y las nuevas se crearían el 1 de diciembre, es decir, al día siguiente. Los informes jurídicos de la Junta de Extremadura defienden la pertinencia de este sistema por cuatro motivos. El primero es que se trata del único que garantiza el derecho de movilidad que asiste al personal laboral fijo, que con este sistema optaría a la adscripción provisional de las 138 plazas. La adscripción provisional está regulada por ley y permite al personal laboral fijo ocupar transitoriamente puestos vacantes de su categoría y especialidad hasta su cobertura definitiva. Hay que tener en cuenta además que cada puesto en adscripción provisional adjudicado a un trabajador laboral fijo genera una vacante que será ofrecida a personal laboral temporal, y que lo mismo ocurrirá con aquellos puestos que no resulten cubiertos a través de este sistema. En segundo lugar, hay que tener presente que la normativa vigente limita a tres años el tiempo que el personal laboral temporal puede ocupar esas plazas. Una vez cumplidos esos tres años, tienen que ocuparlas personal laboral fijo. Por este motivo, muchas de esas plazas ya están 'bloqueadas', al haberlas desempeñado trabajadores temporales durante tres años. Este 'bloqueo' se irá ampliando progresivamente a más plazas, conforme el personal temporal que las viene ocupando alcance el límite legal de tres años de contratación. Con el sistema de amortización de las 138 plazas al 50% y creación simultánea de 138 nuevas al 100%, desaparecería la referida imposibilidad de los tres años y podrían volver a ocuparse las plazas con nuevo personal temporal. El tercer argumento que respalda la vía de la amortización y creación simultánea frente a la de la transformación tiene que ver con la operatividad del Plan Infoex. Y es que el sistema propuesto por la Junta permitiría reorganizar el dispositivo, creando plazas allí donde más falta hacen porque la recurrencia de incendios forestales es mayor. Y en cuarto lugar, hay que tener presente que la legislación en vigor contempla expresamente como causa de extinción de los contratos "la reestructuración y amortización del puesto de trabajo", lo que implica que el cese de actividad sería por causas objetivas y estaría amparado por la normativa. Procediendo de esta manera, el personal temporal volvería a incorporarse a la bolsa de trabajo en la misma posición que ocupaba, pudiendo ser objeto de una nueva contratación para la cobertura de los puestos dejados por el personal en adscripción o de aquellas que no fueran cubiertas a través de esta figura. Por último, hay que recordar que las 138 plazas están adscritas a la Oferta Pública de Empleo del año 2023, que aún no se ha ejecutado. Para evitar su pérdida, deberían ser convocadas antes de la anualidad 2026, dado que es entonces cuando acaba el plazo máximo de tres años fijado por ley. Todos estos argumentos, basados en el análisis pormenorizado de la legislación laboral vigente por expertos en la materia de las dos consejerías citadas, aconseja realizar la conversión por la vía de la amortización de plazas al 50% y simultánea creación de las nuevas al 100%. Por ello, la Dirección General de Función Pública promoverá un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura que modifique el adoptado el 27 de diciembre de 2023, en el sentido de que las 138 plazas de la citada OPE no sean al 50% de temporalidad, sino al 100%, al entender que se trata de la mejor opción, tanto para los trabajadores como para la Administración.