La Junta de Extremadura presenta alegaciones a la ley orgánica sobre la "absorción" de la deuda por ser injusta y discriminatoria

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha anunciado que la Junta de Extremadura ha presentado una serie de alegaciones al anteproyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades de régimen común por ser, entre otras cosas, injusta y discriminatoria. Así, Manzano ha explicado este lunes a los medios de comunicación que el pasado 15 de mayo el Ministerio de Hacienda inició el trámite de consulta pública previa a la elaboración de este anteproyecto cuyo plazo de alegaciones terminaba el pasado viernes, 30 de mayo. "Esto supone la trasposición a una ley orgánica de la mal llamada 'condonación' puesto que la deuda no desaparece, sino que simplemente se transfiere de un nivel de gobierno (autonómico) a otro (estatal)", ha indicado al tiempo que ha recordado que Extremadura "no suscribió este acuerdo" y "expresamos nuestra oposición mediante la presentación de un documento en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para dejar constancia de nuestra posición". En este sentido, Manzano ha explicado que "además de tratarse de una decisión arbitraria, discriminatoria (pues ni siquiera se ha tenido en cuenta territorios de España como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) y politizada", el Consejo de Política Fiscal y Financiera "carece de competencias para tratar un asunto que, por su naturaleza, requiere una ley orgánica aprobada en las Cortes Generales, tal y como reconoce la propia documentación remitida". Por todo ello, la consejera ha explicado las consideraciones que han realizado a dicho anteproyecto de ley. La primera de ella es que la "condonación", tal y como se diseña en el Acuerdo 2/2025 del Consejo de Política Fiscal y Financiera que ahora se quiere trasponer a ley orgánica, "no permite la vuelta ordenada a los mercados de las comunidades autónomas de régimen común". Además, "no refuerza la responsabilidad fiscal de las comunidades, tampoco mejora el cumplimiento del nuevo marco de reglas fiscales de la Unión Europea y no soluciona los problemas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas de régimen común al no ir acompañada de la imprescindible reforma del sistema de financiación". De esta forma Manzano ha explicado que desde la Junta de Extremadura se apuesta por "una reforma más amplia y profunda que conllevaría la tramitación de diferentes reformas legales como una reforma del sistema de financiación autonómica que garantice la autonomía financiera autonómica y el efectivo cumplimiento de los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad interterritorial garantizando el efectivo cumplimiento de los principios de igualdad y justicia". Además, también se debe reformar la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) para adaptarla al nuevo marco europeo de reglas fiscales, basado ahora en el cumplimiento de la regla de evolución del gasto primario; así como la reestructuración de la deuda para facilitar a las comunidades autónomas lograr las mejores condiciones financieras posibles en el pago de la deuda contraída. Por todo ello, desde la Junta de Extremadura se solicita al Ministerio de Hacienda que paralice la tramitación de la norma consultada y la sustituya por la tramitación de un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común.